domingo, 24 de abril de 2011

Crisis en el Frente Amplio por media sanción a la Ley Interpretativa


El senador Saravia argumentando su voto en contra.

El pasado 12 de abril fue votada por el Senado la Ley Interpretativa que anula artículos claves de la Ley de Caducidad, abriendo la posibilidad de nuevos juicios a militares violadores de los derechos humanos en la última dictadura. 

Para su sanción definitiva, la ley debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, donde se supone que contará con los votos suficientes.

La votación en el Senado se dio luego de un largo debate en la interna frenteamplista, ya que el Frente Amplio (FA) ni siquiera es capaz de garantizar la anulación de la Ley de Caducidad por parte de todos sus representantes en el Parlamento.
Es así que el senador Saravia (un figurón burgués del Partido Nacional que se recicló en “progresista” ingresando al FA) votó en contra y el dirigente tupamaro Fernández Huidobro votó a favor por “disciplina partidaria” pero renunció inmediatamente a su banca, mostrando la crisis que atraviesa al FA en este tema. Esta actitud despertó la solidaridad del ministro Rosadilla (del MPP) y del propio presidente Mujica, quien enseguida lo reivindicó.
El Pacto con los militares
Fernandez Huidobro consolado por Michelini luego de renunciar a su banca.
Fernández Huidobro decía estar en contra de la Ley Interpretativa por supuesta inconstitucionalidad, pero tampoco está a favor de anular la Ley de Caducidad; lo que quiere es mantener los pactos y acuerdos que hace años tienen con los militares.
Saravia directamente tomó todos los argumentos de la derecha al decir que el tema ya fue resuelto en los plebiscitos y que hay que acatar el resultado. En su acalorada defensa en el Senado, apeló a que “la urna es sagrada” y hay que respetarla.
Por su parte, los propios militares señalaron que sancionar la Ley Interpretativa va en contra de los “acuerdos” que tupamaros y militares habrían tenido para que no se juzguen los crímenes de la dictadura.
El mismo Mujica ya ha expresado que él no está de acuerdo con la anulación de la ley y en sus declaraciones ha mostrado que está dispuesto a hacer todo lo posible para que los militares no tengan que ni siquiera pasar por los juzgados a declarar.
Todos quieren dar vuelta la página, hacer “borrón y cuenta nueva”, dejar en el pasado los crímenes y reconciliar a la sociedad con nuestros verdugos.
Esta Ley Interpretativa pretende reubicar al gobierno frente al histórico reclamo de justicia de amplios sectores de la población, pero el Frente Amplio intenta por todos los medios que estos avances no se conviertan en una verdadera oportunidad de imponer el Juicio y Castigo a todos los culpables de las violaciones a los DDHH y ya está anunciando que la Ley Interpretativa puede ser declarada inconstitucional, como forma de limitar las consecuencias que pudiera tener, y que hay que buscar salidas políticas al tema. En definitiva, sea como sea, el resultado final (porque ya Mujica anuncia nuevas reuniones con los militares y posibles cambios a la ley interpretativa), el FA muestra que su objetivo es recortar lo más posible el cumplimiento del histórico reclamo de justicia para los violadores de los derechos humanos y de una verdadera anulación de la Ley de Caducidad.
Por otro lado, el gobierno tuvo que ajustarse a las resoluciones internacionales, como la reciente sanción de la CIDH en relación al caso de Macarena Gelman, que obliga al estado a investigar sobre el destino de sus padres desaparecidos.
Estos acontecimientos reafirman que a pesar de su prestigio como luchadores guerrilleros en la década del ‘60 y ’70, la dirección tupamara es cómplice de la impunidad, así como el propio Frente Amplio a partir de la firma del Pacto del Club Naval donde se comprometió a no juzgar a los militares.
Más allá de los legítimos reclamos de la base frenteamplista, duramente castigada por la dictadura con cárcel, tortura y exilio, el Frente Amplio ha mostrado en todo el período democrático que su papel es darle gobernabilidad al régimen, y desde su llegada al gobierno en el año 2005 ha mantenido lo fundamental de la política económica de los partidos tradicionales, asegurando grandes ganancias para las patronales y el imperialismo.
El Frente Amplio muestra aquí también su total aceptación del sistema capitalista y por lo tanto se dispone a preservar a las Fuerzas Armadas (responsables de frenar en base a una dura represión el ascenso obrero y la lucha popular de los ‘60 y ‘70) en tanto uno de los pilares en el que se asienta el estado burgués.
Quienes realmente queremos ver presos a todos los violadores de los derechos humanos no debemos tener ninguna confianza en la acción del FA.
Aunque Mujica dice que no vetará la ley, su objetivo estratégico es avanzar en la reconciliación con las fuerzas represivas. Ya dio muestras de esto saludando a las nuevas generaciones de militares, visitando a Dalmao en el hospital y diciendo que no quiere que los viejitos pasen sus últimos años entre rejas.
Pretendieron hacernos creer que con plebiscitos podríamos conseguir el juicio y castigo cuando los delitos de lesa humanidad no se plebiscitan. En 2009, ni Mujica ni Astori hicieron campaña por el SI y esto fue una decisión política consciente.
Ahora pretenden hacernos creer que con estas medidas por sí solas se puede alcanzar el juicio y castigo a los culpables. Sin embargo, sabemos que sólo con la lucha y la movilización en las calles conseguiremos el juicio y castigo, la cárcel común y efectiva para los asesinos y torturadores. Todo avance en este sentido será resultado de la movilización de años de lucha y organización.
Es necesario organizar a los ex presos políticos, a los familiares, a los trabajadores y a los estudiantes para que se pongan a la cabeza de una gran campaña por el Juicio y Castigo, y para conformar un amplio movimiento que sea independiente del gobierno y de todos los partidos que durante todos estos años garantizaron la impunidad.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO

sábado, 2 de abril de 2011

Mujica prepara la Ley Interpretativa mientras saluda a los milicos represores*

¡Anulación de la Ley de Caducidad!

La semana pasada, en una actitud bochornosa, el presidente ex tupamaro José Mujica visitó al general en actividad Miguel Dalmao en el Hospital Militar, preso desde noviembre del año pasado por haber sido co-autor del asesinato de la militante comunista Nidia Sabalsagaray en 1974. Como titularon algunos informativos el hecho vale “Más que mil palabras”. No hace falta mucho análisis para darnos cuenta de que Mujica quiere reconciliarse con los asesinos, con los que prepararon el camino para las transformaciones económicas neoliberales que les sucedieron, con quienes masacraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron y persiguieron a toda una generación, y que hoy siguen impunes.
Tan impunes siguen que se dan el lujo de enviar videos intimidatorios y amenazantes, videos que de forma encubridora el gobierno no saca a la luz y ni siquiera permite que el pueblo pueda verlo con sus propios ojos.
En cuanto a la Ley de Caducidad que está siendo cuestionada internacionalmente por no ajustarse a los tratados internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad, la operación del Frente Amplio tiene que ver con lograr el quórum suficiente para votar un proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad, en vez de anular esta maldita ley. Más allá de las peleas a la interna del FA que veamos en los medios de comunicación, no tenemos que engañarnos ya que todos cierran filas frente a la política de reconciliación con las Fuerzas Armadas que impulsa Mujica.
Si bien esta nueva ley interpretativa podría habilitar la apertura (o reapertura) de juicios por crímenes cometidos durante el período que duró la dictadura, no podemos depositar nuestra confianza. Ya tenemos el caso de Argentina donde de derogaron las leyes de impunidad, pero esto no impidió la nueva desaparición de Jorge Julio López ni el asesinato de Silvia Suppo. Tampoco favoreció el enjuiciamiento de los militares porque hay una disposición política y judicial de protegerlos, por lo que los juicios se dilatan, el gobierno se niega a brindar la información de los archivos de la dictadura y los milicos terminan sus años felices y contentos junto a su familia y sus amigos de armas.
El Plan de Mujica y el Frente Amplio
El gobierno del Frente Amplio se dispone terminar con el reclamo histórico de Juicio y Castigo a los culpables. Quiere que la población termine por “aceptar” a estas Fuerzas Armadas que ayer perpetraron el golpe de estado y que hoy lo siguen reivindicando y que encima están acusados de corrupción y negociados. Quiere fuerzas represivas legitimadas por la sociedad para poder utilizarlas cuando sea necesario, como para reprimir una lucha obrera o para carnerear una huelga.
Por otro lado, a partir de la transición hacia la democracia el conjunto del régimen político y sus partidos han dado claras muestras de que a las Fuerzas Armadas las necesitan y por eso las protegen. Tanto los partidos tradicionales oponiéndose al juzgamiento a los militares al sancionar la Ley de Caducidad como el Frente Amplio firmando el aberrante Pacto del Club Naval, todos han sido cómplices de que hoy, a más de 26 años solo se hayan procesado a unos pocos militares, a los cabecillas, y encima se encuentran presos en lugares custodiados por miembros de sus propias fuerzas con todos los honores, en cárceles de lujo mientras que los pobres que rapiñan se hacinan e incendian en pocilgas que han sido denunciadas internacionalmente calificando las cárceles como de las peores del mundo, y mientras que los adolescentes “infractores” son encerrados en contenedores de 2x2.
No se ha puesto la mirada en todos los que hicieron el “trabajo sucio” de aquella época: en quienes hacían los operativos de detención y en algunos casos de masacre, en quienes hacían “inteligencia” en las organizaciones populares, en quienes secuestraban y trasladaban, en quienes torturaban hasta el cansancio, en quienes abusaban de los y las reclusas... En fin, cuesta creer que los responsables de estos crímenes sean solo los poquitos que están juzgados. Tampoco se tiene en cuenta la participación civil en el gobierno de facto ya que hubo políticos, empresarios y curas que instigaron y colaboraron activamente con el gobierno militar. Es que todos precisaban imponer a sangre y fuego un modelo económico que cada vez más preservara las ganancias de los grandes capitalistas y del imperialismo. Todo esto revela un manto de impunidad terrible.
El Pacto del Club Naval junto con la Ley de Caducidad aprobada por todo el arco político fueron instrumentos que la burguesía y el régimen utilizaron para preservar a las Fuerzas Armadas concediéndoles impunidad a cambio de una transición ordenada hacia la democracia. Tuvieron que hacerlo porque el golpe militar fue centralmente dirigido hacia los trabajadores que se organizaban en las fábricas y lugares de trabajo, activistas, delegados y militantes sindicales que peleaban por defender los derechos de los trabajadores pero que en su lucha ya percibían que debían cuestionar al capitalismo. Junto a los estudiantes combativos que dieron su vida por una sociedad mejor, fueron el blanco principal del golpe asesino y criminal.
Hay que ser claros: el fin la impunidad no se conseguirá de la mano del Frente Amplio, que fue quien la garantizó. El fin de la impunidad solo se conseguirá imponiéndosela en las calles a los jueces, a los políticos de turno y a las fuerzas armadas. Debemos desarrollar un fuerte movimiento democrático que se proponga tirar abajo la maldita Ley de Caducidad e imponer el Juicio y Castigo a todos los culpables, por la cárcel común y efectiva. Hay que impulsar un movimiento amplio pero con una clara delimitación política del gobierno y de todos los partidos (incluyendo el Frente Amplio) que hoy nos quieren hacer reconciliar con nuestros verdugos.
ANULACION YA DE LA LEY DE CADUCIDAD
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES
CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA LOS RESPONSABLES DEL TERRORISMO DE ESTADO
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO
Grupo simpatizante de la FT-CI en Uruguay
* Esta nota fue publicada en el semanario La Verdad Obrera Nº 420 (31/03/2011) del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) de Argentina.